En este 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, marcado por más actos simbólicos de lo habitual, quizás conviene recordar que una dictadura es siempre mucho más que una sola persona. Reducir el régimen que vivió el Estado Español al nombre de Francisco Franco es, en cierta manera, una forma de simplificar la densidad histórica y política de un sistema que atravesó a todas las instituciones, silenció disidencias y dejó una huella material y afectiva que aún hoy envuelve capas sociales, políticas y económicas. La incongruencia es que, medio siglo después de su muerte, los gestos conmemorativos siguen oscilando entre el folclore institucional y la reticencia a mirar el legado estructural de la dictadura.
Que este aniversario no nos despiste. Durante este 2025, no debe volver a la superficie sólo el personaje histórico, sino todo el entramado de violencias y olvidos conscientes que el Estado Español sigue sin voluntad de resolver del todo. Mientras más actos simbólicos hay –fruto de la presión social– persiste el bloqueo estructural para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. A diferencia de otros contextos posdictatoriales como Argentina o Chile, donde el Estado asumió más tempranamente la tarea de memoria y justicia, en España la iniciativa fue impulsada por investigadores y familiares que se hicieron visibles en el espacio público décadas tarde, lo cual acentúa la anomalía y la paradoja del caso español. Allí donde el Estado se mantuvo ausente, surgieron colectivos de familiares, y, más tarde, se les unieron equipos interdisciplinares de arqueólogos, antropólogos, genetistas e historiadores, voluntarios en muchos casos, que comenzaron a localizar y exhumar fosas comunes con métodos científicos desde el año 2000.
Con cada zanja abierta, la tierra empezó a hablar de nuevo. La tardanza en estas labores, además de una gravísima anomalía, ha propiciado también una forma singular de pensar la memoria. Al no existir un marco institucional sólido que abrace los trabajos de la memoria, la localización de fosas, el acto del testimonio, la exhumación y la identificación se han convertido en incipientes actos de ciudadanía crítica. Cada fosa abierta, a través de métodos científicos creados sobre la marcha para trabajar con el máximo rigor y registro posible, es un recordatorio de lo que la democracia no ha hecho a tiempo, y al mismo tiempo, una práctica de reparación simbólica que desafía la lógica del olvido y el corporativismo pactado. La justicia, en este contexto tan deficitario, no se limita únicamente al ámbito judicial, sino que forzosamente se amplía hacia el terreno ético, afectivo y comunitario.
UNA MEMORIA GENERACIONAL DISTINTA
En las exhumaciones se da un cruce peculiar que caracteriza a los trabajos de la memoria en el contexto español. Por un lado, se encuentra el plano afectivo: los familiares que piden localizar y recuperar los restos a contrarreloj, los relatos orales que acompañan a la búsqueda o la carga emocional que se condensa en las lesiones o los objetos hallados. Por otro, el plano científico: la localización que muchas veces parte de los testimonios, documentación de cada capa y resto encontrado, análisis forenses, pruebas de ADN, conservación y restauración de materiales… Ambos planos se retroalimentan. La ciencia da rigor y verosimilitud a la memoria afectiva y, la afectividad otorga contexto y sentido humano a la labor científica.
Teniendo en cuenta que se activó socialmente con décadas de retraso respecto al fin de la dictadura, la memoria desarrollada en España tiene un rasgo que la hace particularmente distinta de otras experiencias: se da en una democracia consolidada que se construyó sobre la renuncia oficial a la memoria y a su correspondiente reparación. El modus operandi del Estado español fue –y es– mirar a otro lado hasta que el recuerdo se diluya con el paso de las generaciones. Y, efectivamente, hoy no existe una generación de nietos y bisnietos movilizada en bloque en torno a esta causa. Sin embargo, quienes sí han asumido la tarea concreta de formarse, excavar, documentar y restituir a los desaparecidos pertenecen en gran medida a esas generaciones más jóvenes. Frente a una ignorancia disfrazada de mirada hacia el futuro, estas generaciones asumen un pasado que no necesariamente se vincula a su biografía familiar, pero que se vuelve inevitable en el ámbito común de la justicia y los derechos humanos. Es un ejercicio de alteridad radical.
No lo hacen porque el Estado español haya asumido su responsabilidad con recursos económicos suficiente y garantías judiciales –estamos aún muy lejos de eso–, sino porque el tiempo avanza y miles de familias siguen esperando a sus desaparecidos. Lo que en otros países fue gestionado por el Estado, aquí surgió desde la base, impulsado por familiares y profesionales que decidieron comprometerse con esta labor, creando formas de trabajo inéditas que van más allá de lo meramente laboral. La singularidad de la memoria histórica española se expresa en esta tensión fértil. Los equipos de exhumación no solo excavan huesos: dialogan con las familias, escuchan sus relatos y co-crean la narración de lo sucedido. Lo que podría ser un acto técnico se transforma en un ritual compartido, donde la reparación se busca tanto en los restos como en el relato. Se trata de una práctica híbrida no solo localiza a las víctimas y repara a sus familiares, sino que redefine lo que entendemos por conocimiento histórico.
Esta experiencia tiene una dimensión ética que siempre me ha resultado difícil de ignorar. Para quienes excavan, existe una responsabilidad moral que va más allá de las formalidades del oficio y que llena cada gesto en el proceso de convertir los restos en personas restituidas a una memoria común. Ese esfuerzo ético se siente en el trato con los cuerpos, en la delicadeza con que limpian la tierra que cubre los huesos, en los rituales improvisados que surgen al final de cada exhumación o en el vínculo que crean con los familiares vivos. En cada detalle, se percibe un acto de cuidado que reafirma que ni el tiempo ni el cálculo político han logrado borrar la capacidad de impedir que la historia se cierre bajo la comodidad de la desmemoria. Cada fosa abierta no solo interpela a una familia, sino a toda la sociedad, reafirmando que la memoria sigue siendo un campo de disputa política del presente.
UNA SEGUNDA LÍNEA
En el marco de las Ayudas a la Mediación Artística de la UGR 2024, entrevisté a numerosos miembros de tres equipos técnicos dedicados a la localización, exhumación e identificación de víctimas del franquismo: Universidad y Memoria (UGR), UTE Themis (Córdoba) y Arqueoantro (Valencia). De las voces de arqueólogos, antropólogos forenses, restauradoras, historiadores y sociólogos emerge un mosaico generacional distinto, no heredado de forma directa, pero sí asumido como una responsabilidad colectiva. Una memoria que surge del encuentro entre la ciencia y el afecto, entre la minuciosidad técnica y la conciencia de estar cuidando genealogías interrumpidas. Una memoria que, a diferencia de otros contextos, ha tomado exclusivamente forma a través de la persistencia de las familias y el compromiso de jóvenes profesionales que han asumido el pasado que les precede. Todo ello es narrado en el reportaje Excavar la historia que no cesa, el trabajo invisible de las exhumaciones de fosas del franquismo que publiqué en El Salto Andalucía.
Muchos de ellos describen esta experiencia como un aprendizaje doble. Por un lado, la formación científica, que se nutre continuamente de nuevos conocimientos. Por otro lado, un aprendizaje emocional y político, que no aparece en los manuales. Cada excavación ratifica que trabajar con restos humanos no es un simple gesto de laboratorio, sino un acto cargado de memoria y afecto. Objetos pequeños, como un peine, unas llaves, un lápiz o un botón, se convierten en detonantes de relatos que deben reconstruirse y nombrarse con mucho cuidado. El retrato que irrumpe, y que me interesa especialmente a partir de las entrevistas realizadas, es el de una generación que, no necesita tener vínculos familiares directos con los represaliados y decide vincular su vida profesional a la reparación de una violencia histórica que no vivieron directamente. La distancia generacional se metaboliza en proximidad ética. Ellos limpian huesos, reconstruyen edades y lesiones, restauran sus objetos, presentan inquietudes sobre cómo divulgar de forma accesible sus conocimientos, y, en muchos casos, escuchan por primera vez el relato completo de sus familiares. Son ellos quienes, aunque no vivieron la dictadura, son los primeros en reencontrarse físicamente con las víctimas.
Este trabajo conlleva también un fuerte impacto humano. El contacto diario con la muerte y con los restos de la violencia deja una huella emocional intensa, a la que se suma la presión de responder al deseo urgente de familiares de avanzada edad que esperan cerrar un duelo. A esto se añade el desgaste físico y mental de las investigaciones, realizadas muchas veces en condiciones precarias inherentes al sector, reflejando tanto la entrega de estos equipos como la desatención institucional. Esa desatención no se manifiesta en la falta de recursos, sino también en la discontinuidad de proyectos, la falta de coordinación y cooperación entre organismos, la dependencia de licitaciones puntuales o la ausencia de un plan nacional que garantice las condiciones y estabilidad para estos trabajos.
En cierto modo, esta memoria de segunda línea se alimenta precisamente de ese choque. Al no estar mediada necesariamente por una herencia familiar ni por un marco institucional y social sólido ni dominante, se convierte en un acto de elección consciente, en el que los profesionales de diferentes campos conforman equipos multidisciplinares, donde predomina la arqueología y la antropología, pero también la historia, restauración, biología, sociología, fotografía, y deciden hacerse cargo de un pasado que podrían haber ignorado, poniendo sus conocimientos técnicos, sus convicciones éticas y su energía emocional al servicio de la reparación. Por todo ello, pienso en esta memoria como una de“segunda línea”, precisamente por la ausencia de una ‘primera línea’ de acción, que debería ser asumida por un Estado que, históricamente, elude gran parte de su responsabilidad en términos de reparación y justicia. Aunque existen esfuerzos en algunos sectores, estos son insuficientes ante la magnitud de la tarea y la falta de una política pública integral que realmente se haga cargo de los crímenes del pasado reciente.
Desde la mediación, este proyecto se centró en quienes transforman la práctica científica en un acto de reparación, compartiendo, además, un horizonte generacional que entiende la memoria como una responsabilidad asumida, interdisciplinar y no heredada. Dar voz a estos equipos, que también colaboran externamente y divulgan los saberes que recogen, supone ampliar los marcos de representación de la memoria más allá de los familiares y las instituciones, reconociendo en ellos a los mediadores de un pasado que vuelve al presente. Al mismo tiempo, introduce la noción de memoria de segunda línea como categoría crítica para pensar la memoria no solo como legado, sino también como elección, construcción y compromiso político, que activa nuevas formas de reparación desde la crítica, el cuidado y la producción de nuevo conocimiento y estrategias de divulgación.
Es necesario valorar que el trabajo de estos equipos no solo restituye el pasado, sino que también converge con la labor esencial de las lecturas del archivo, actualizándolo y revitalizándolo. Gracias a ello, las generaciones futuras podrán enfrentar la violencia histórica desde materiales, relatos, visualidades y metodologías que hoy empiezan a consolidarse. En este cruce entre ciencia, afecto y compromiso, el arte, la mediación y la cultura visual se convierten en aliados indispensables, capaces de abordar la memoria de segunda línea en códigos actuales, imágenes, relatos y gestos que hacen visible lo que durante demasiado tiempo se quiso mantener enterrado.